En un escenario extremo, desaparecerían Macao, Uvero Alto, Punta Cana, Sabana de la Mar, Cabarete y Montellano
Los efectos del cambio climático sobre la República Dominicana son objeto de estudio y las proyecciones que se tienen hasta el momento resultan alarmantes en todos los escenarios planteados.
“No quiero visualizar esto como una película de terror… pero los resultados son dramáticos”, precisa el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Max Puig, tras socializar con elCaribe resultados de investigaciones que proyectan el grado de afectación del territorio nacional y de sus costas para los próximos años, producto del incremento anormal de las temperaturas.
En un escenario extremo, se calcula que en cien años es posible que el país caribeño pierda el 13 por ciento de su territorio, es decir 6,292 kilómetros cuadrados, si se registra un incremento de las temperaturas promedio globales de unos 2.7 grados centígrados a finales del siglo. Según las modelaciones, las zonas bajas serían las más impactadas. En especial, Gran Estero, Bajo Yuna, Bajo Yaque y provincia Montecristi.
“La República Dominicana tiene hoy 48 mil 400 kilómetros cuadrados, el 13 por ciento de eso desaparecería bajo las aguas”, afirma Puig. No obstante, aclara que no son resultados absolutos, sino escenarios que dependerán del nivel del calentamiento y la rapidez de las medidas que se tomen.
El objetivo planteado en el Acuerdo de París es que la temperatura se mantenga por debajo de 2 grados centígrados de ser posible, de 1,5 grados para finales de siglo. Pero para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados es necesario reducir las emisiones de CO2 al 45% en 2030, estima el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Especialistas calculan que las emisiones contaminantes globales serían en 2030 un 16 % mayor que en 2010. Según las últimas conclusiones del IPCC, “ese aumento puede conllevar a un incremento de la temperatura de unos 2,7 ºC a finales de siglo”.
Respecto a la República Dominicana, de acuerdo con datos arrojados por un software de modelización climática basado en los parámetros del IPCC, las proyecciones entre un aumento de las temperaturas entre 2 y 4 grados son terribles. “Solo con 2º Samaná se convierte en isla, desaparecen Macao, Uvero Alto, Punta Cana, Sabana de la Mar, Cabarete, Montellano y el Parque Nacional de Montecristi”, son estimaciones bajo esas condiciones, apunta el CNCCMD.
Pero aun sin llegar al peor de los escenarios, se estima que las playas de República Dominicana se verán afectadas en el 2030 si la temperatura se mantiene al mismo nivel que hoy o si la promedio aumenta en 0.2 grados o en 0.5, destaca un estudio aún en desarrollo.
“Desde Pedernales y todo el litoral hay playas importantísimas que se van a ver muy afectadas para el 2030”, advierte el experto.
Aunque los hallazgos del estudio todavía no son publicados oficialmente, ya fueron puestos a disposición del presidente de la República, Luis Abinader, quien también es la cabeza del Consejo Nacional para el Cambio Climático.
Estas mediciones se realizan en todas las playas del país, donde se estudian los posibles escenarios para los años 2030,2050, 2070 y 2100.
La meta es poder abarcar la isla completa, ya que, de acuerdo a Puig, si las costas de Haití se afectan, también se siente en la República Dominicana, por compartir un mismo ecosistema.
El estudio cuenta con la colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo o Cooperación Francesa, con el que además se persigue crear un Sistema de Observación General con la participación de instituciones gubernamentales, coordinado por el Consejo Nacional para el Cambio Climático.
Como un logro importante, el funcionario se refiere al decreto, 541-20, que crea el Sistema de Medición, Registro y Verificación de la Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que también es la base de la creación de un Sistema de Transparencia, propuesto en el acuerdo de Paris 2015.
Esta iniciativa, posiciona a la República Dominicana como el cuarto país de América Latina en establecer este tipo sistema, aseguró Puig. En esa línea se contrató un personal especializado en el área de geomática.
A través de este instrumento, se busca recopilar, registrar y sistematizar la data proveniente de las diferentes instituciones gubernamentales y de los sectores productivos, cuya medición de los gases de efecto invernadero se hace más compleja en uno que en otros, como pasa en la ganadería.
“Es más fácil calcular la emisión de gases de las plantas eléctricas que en la ganadería”, apunta Puig. Recientemente, el vicepresidente del Cambio Climático anunció que se impulsará la emisión oficial de un sello de reconocimiento para las empresas privadas que participen en el Reporte Voluntario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Proyecto de Ley
Otro paso fundamental en el compromiso de los objetivos planteados es la creación de una propuesta de “Ley Marco de Cambio Climático de la República Dominicana”, impulsada por este Consejo, la cual está en fase de discusión y socialización con los diferentes actores sociales.
Aún no ha sido sometido al Congreso Nacional, donde hay dos proyectos sobre cambio climático, y ya Puig augura que concitará mucho apoyo.
Explicó que desde hace un año el Banco Mundial facilitó apoyo financiero y técnico con el acompañamiento de expertos para que la República Dominicana pueda presumir de una ley completa en cambio climático.
¿Cómo financiar la acción climática?
La propuesta de ley para el cambio climático, en fase de socialización, ordena al Consejo Nacional para el Cambio Climático, en coordinación con Hacienda, formular una estrategia de financiamiento climático, alineada con la Estrategia Nacional a largo plazo de Cambio Climático, en el margen de doce meses a partir de la promulgación de esta ley. Establece que el Gobierno creará nuevos mecanismos de financiamiento y aprovechará los existentes para apoyar el logro de los objetivos de esta ley, incluyendo impuestos al carbono (primera placa), mercados de carbono nacionales e internacionales; bonos sostenibles, pago por servicios ambientales y alianzas público-privadas. Asimismo, abarca cooperación internacional reembolsable y no reembolsable, póliza de seguros para responder a los impactos del cambio climático; fondo de innovación y otras partidas a ser asignadas en el presupuesto nacional y Ley de Gasto Público.
